Gustavo Castro, activista mexicano medioambientalista y testigo presencial del asesinato de Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo del presente año, da cuenta de lo que ocurrió aquella madrugada en la casa de la dirigente social hondureña.

Habla del grado de corrupción y encubrimiento del gobierno de ese país para inmovilizar las investigaciones que esclarezcan el hecho. De cómo actúan autoridades y sicarios para acabar con la lucha del pueblo hondureño por su derecho a la vida y la defensa de sus recursos básicos. Igual como lo hacen en cualquiera de nuestros países.

Castro, enjuicia el por qué de la actuación cómplice de los gobiernos de América latina y del Caribe que tienen tratados de libre comercio (TLC) con EEUU y la UE o han suscrito (en secreto) el Acuerdo TransPacífico (TPP). Precisa algo que muchos ignoran. Y es que estos tratados, acuerdos o alianzas son impuestos por la institucionalidad financiera de la ONU (FMI, BM), de la OEA (BID), del Departamento de Estado de los EEUU (USAID) y de la OCDE.

Estas instituciones son las que “apalancan” las inversiones de sus “socios inversionistas” (las corporaciones transnacionales) garantizándoles absoluta impunidad frente a la destrucción y/o apropiación de las fuentes de agua, los bosques, las tierras agrícolas, las poblaciones indígenas y campesinas, los territorios nacionales, la industria, el comercio.

Las llamadas “inversiones extranjeras”, que tanto ponderan los fantoches que gobiernan la mayoría de nuestros países y avalan los “ingenuos”, se regulan por leyes y normas impuestas por esas instituciones.

La “ayuda” que dan a nuestros países asegura su injerencia en todos los poderes e instituciones de los Estados. Dictan las políticas, diseñan estrategias, acomodan las leyes y sus reglamentos, manejan y corrompen las burocracias. A eso le llaman “garantizar la gobernabilidad”. Este es un trabajo que vienen haciendo desde hace décadas.

Los presidentes y los representantes electos “por el pueblo” son digitados por esas instituciones y “asesorados” por ONGs especializadas y financiadas por esas mismas instituciones. Estas ONG funcionan en los parlamentos, en los “palacios de gobierno”, en todas las instituciones.

La normatividad y la institucionalidad jurídica de nuestros países no sirven para proteger el territorio nacional ni sus recursos. La soberanía y autonomía, la libertad y el poder y la capacidad de decisión de nuestros gobiernos han sido usurpados por la institucionalidad del Grupo del BM (GBM), del BID (GBID) o de USAID (GUSAID), de la OCDE.

Las constituciones, códigos, leyes y el poder judicial “nacionales”, sirven para criminalizar las protestas de los pueblos, asegurar la impunidad de los asesinatos de sus dirigentes, de sus familiares, de periodistas y de activistas comprometidos. 

Entérese aquí cómo funciona esto y por qué funciona así.

Entrevista de RT a Gustavo Castro